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El 21 de noviembre se llevó adelante un operativo policial ordenador por la Justicia provincial, que tuvo como saldo la detención de cuatro hombres, de 21, 26, 33 y 47 años. La investigación la llevó adelante la fiscal Daniela Torres para esclarecer hechos delictivos que ocurrieron en Villa Mercedes, según se informó en ese momento. Encontraron droga y armas de fuego.

También preocupó que en uno de los domicilios uno de los sospechosos estaba manteniendo relaciones sexuales con una menor, de otra provincia que estaría ejerciendo la prostitución.

Tras los procedimientos la causa fue caratulada como “tenencia ilegal de armas de fuego, trata de personas con fines de explotación sexual e Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes”. Desde ese momento también se dio intervención a la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, que comenzó a investigar.

Ante las sospechas de que los detenidos estuvieran involucrados “en una empresa delictiva más compleja”, la Fiscalía solicitó a Torres que aporte información y ponga a disposición los elementos que permitan el avance de la pesquisa.

El 25 de noviembre pasado le pidieron a la fiscal copia certificada de la totalidad de las actuaciones correspondientes a la causa “tenencia ilegal de arma de fuego”, como informes policiales, actas de allanamiento, secuestros, etc). También que informara la situación procesal de los sospechosos. La respuesta, según consta en el expediente, fue “sólo de manera parcial”.

Después se enviaron nuevos oficios a Torres, el 27 de noviembre y el 9 de diciembre. Esa vez le requirieron con “suma urgencia” que remita los elementos secuestrados, tales como dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, elementos de conteo de dinero, balanzas, cuadernos, anotaciones, documentos, entre otros. Sin embargo, no obtuvieron respuestas.

En las últimas horas se conoció una resolución que define la competencia para que la investigación finalmente se concluya.

El juez Federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul ordenó la competencia del Juzgado Federal de Garantías de esta ciudad, únicamente en los hechos relacionadas con el uso y tráfico de sustancias estupefacientes y productos químicos (contemplados en la ley 23.737). Pidió al Juzgado de Garantía N° 3, a cargo de Mirta Ucelay, que se inhiba de continuar entendiendo sobre estos delitos.

En la requisa de la vivienda ubicada en Ministro Berrondo al 800 hallaron cocaína en el inodoro (porque quisieron descartarla ante la presencia policial) y otros envoltorios con la misma sustancia en una caja de zapatillas. También había balanzas, $1.961.4309 (que era el resultado de la venta de droga), una máquina de contar dinero que estaba sobre la mesa y ocho teléfonos celulares.

Del domicilio del barrio Eva Perón, pasaje 5, encontraron un cuaderno con tapas duras, el cuerpo vacío de una lapicera y polvo blanquecino similar a la cocaína sobre la mesa de una habitación. Una balanza de precisión digital sobre la mesada del área de cocina (con restos de polvo blanco) y un sistema de grabación tipo DVR. También $101.200 en efectivo y dos teléfonos celulares.

Según el dictamen Federal los otros delitos deberán ser investigados bajo la órbita de la Justicia provincial.

Entiende el juez que con respecto a la menor que estaba en uno de los domicilios allanados, “no surge de las actas ninguna circunstancia que permita tipificar el presunto delito” cometido en su contra.

Sostuvo el magistrado que “la corrupción de menores, la promoción de la prostitución y los delitos contra la integridad sexual” son bienes jurídicos “concurrentes entre la Nación y las provincias, donde el interés federal no es exclusivo o excluyente”.

Es decir que las provincias “tienen facultades persecutorias propias, sin tener que dar intervención a la Justicia Federal”. Y sobre las armas secuestradas (una pistola y cuatro revólveres calibres 22 y 32) consideró mismo.