La jueza de Familia N° 3, Ana Villegas hizo lugar a una acción de amparo presentada por un grupo de magistrados y funcionarios del sistema judicial para lograr subas de sueldos que ellos mismos fijarían y en términos que no se compadecen con la situación económica de San Luis.
Nora Villegas (jueza), Alejandra Nava (secretaria de primera instancia), Lorena Baez (jueza), Claudia Suárez (secretaria de segunda instancia) y Soledad Galli (secretaria de segunda instancia) interpusieron una acción de amparo contra el Estado provincial bajo el fundamento de que sus remuneraciones no están en línea con el costo vida.
En la presentación que hicieron en diciembre pasado sostuvieron que ha sido vulnerado el principio de intangibilidad de los sueldos de los magistrados que, según entienden, los protege en cualquier circunstancia.
La Fiscalía de Estado solicitó que se rechace en “todas sus partes” el amparo por la ausencia de requisitos para la procedencia. Se expuso que se trata de una conducta corporativa para preservar prerrogativas en momentos que la sociedad se adecuó a la realidad económica.
Las magistradas y secretarias de la segunda circunscripción judicial con asiento en Villa Mercedes lograron el pronunciamiento de la jueza Villegas del fuero Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia N° 3 de la primera circunscripción judicial en la ciudad de San Luis. En este mismo juzgado está también en curso un amparo del Sindicato Judicial Puntano.
Villegas hizo lugar al planteo de sus pares amparistas y dispuso “emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo provincial que en el período de noventa (90) días, implementen un nuevo mecanismo que restablezca efectiva y definitivamente la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y funcionarios accionantes, a través de la recomposición de los salarios de las amparistas, que permita la equiparación de las mismas con el promedio de la remuneración de otras jurisdicciones (media nacional) o parámetro equivalente, constituyendo esto una razonable base igualitaria mínima a observar para garantizar la calidad de una vida digna de los accionantes”.
