FLORENCIA MAGALÍ MORALES: UNA MUERTE EN UNA COMISARÍA, CINCO AÑOS DE IMPUNIDAD Y UNA CAUSA PARALIZADA EN LA JUSTICIA
La mujer de 39 años quedó detenida por circular cuando su terminación de DNI no lo permitía. Horas más tarde fue encontrada sin vida en un calabozo y si bien la Policía buscó instalar la hipótesis del suicidio, su familia lo descartó. Cuatro efectivos están acusados, pero todavía no hay fecha para la indagatoria.
San Luis vivía la etapa más severa del aislamiento social por la pandemia de Covid-19. Nadie podía salir de sus hogares, salvo para cuestiones esenciales y hasta eso se regía por la terminación de DNI. Un virus invisible era el peor enemigo en ese entonces, pero no fue eso lo que le quitó la vida a Florencia Magalí Morales.
El 5 de abril de 2020, la mujer de 39 años salió de su vivienda en Santa Rosa del Conlara para comprar alimentos para dos de sus hijos y su nieta, con quienes vivía. En bicicleta hizo el recorrido de apenas unas cuadras hasta la plaza principal de la localidad. Frente estaba la Comisaría 25°, donde ingresó para buscar una tarjeta que tenía un conocido. No estaba habilitada para circular ese día y ese fue el fundamento para retenerla en la dependencia policial.
Magalí, como la llamaba su familia, no salió viva de ese lugar. Horas más tarde notificaron a sus allegados, que viven en Mendoza, sobre su suicidio. Sin entender lo que había ocurrido y con cierto descreimiento emprendieron viaje a San Luis. Fue cuando se toparon con el cuerpo, que las dudas sobre la versión oficial tomaron fuerza. Una de las hermanas, Celeste Morales, advirtió marcas y hematomas.
“Nadie se suicida en una comisaría, a Magalí Morales la mató la Policía”, esa frase se convirtió en una insignia del caso. Apareció en cada reclamo, publicación en redes sociales y marcha. Esa es la verdad para la familia y por eso esperan una respuesta de la Justicia.
Cinco años pasaron. Los hijos de Florencia crecieron al igual que su nieta. Sus seres queridos cambiaron y hasta Santa Rosa del Conlara se ve distinta. Tampoco hay una pandemia y la libertad de circular volvió a ser un derecho. Sin embargo, hay algo que se mantiene prácticamente igual que entonces: la causa.
Si bien este tiempo hubo avances como el cambio de carátula, que pasó a ser tortura seguida de muerte, con cuatro policías acusados, y se concretaron pericias, la resolución no llega. El expediente está paralizado hace dos años en medio de apelaciones, recursos e impugnaciones de las defensas. La concreción del juicio oral es una incógnita.
Están investigados quien era jefe de la Comisaría, Reinaldo Clavero, el jefe de la guardia, Marcos Ontiveros, y dos efectivos que estaban de guardia Eugenia Arguello y Victoria Torres. En 2022, todos fueron dados de baja por cesantía. Hoy esperan en libertad una determinación de la Justicia.
Los interrogantes y cuestionamientos de la familia de Morales fueron múltiples. Inicialmente con la Policía, que en ese momento estaba a cargo de Darío Neira, porque intentaron instalar la hipótesis del suicidio. Incluso desaparecieron papeles y documentos de la seccional.
A eso se sumó que la autopsia que realizó el médico forense Gustavo Lafourcade Durán fue incompleta. Por eso debió realizarse un segundo procedimiento, meses después, pero que tampoco puede ser cabal debido al tiempo transcurrido.
La familia de Magalí también hizo severas críticas a la administración de Alberto Rodríguez Saá por la inacción para esclarecer el hecho. En la misma línea sucedió con quien era la secretaria de la Mujer, Ayelén Mazzina y el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi.
El viernes, Celeste se reunió con el fiscal de Instrucción, Marcelo Saldaño. En el encuentro, le transmitió la intención de que la causa tramite ante la fiscalía especializada en Género. Una vez que se determine eso, podrían llamar a indagatoria.
Cinco años pasaron y la Justicia todavía no esclarece lo que ocurrió dentro de la comisaría. La familia, ve el correr de los días, meses y años con temor de que la verdad permanezca oculta. Sólo esperan que la muerte no quede impune.
“Vamos a seguir pidiendo justicia porque siempre lo dijimos, nadie se suicida en una comisaría y los responsables tienen que pagar con penas ejemplares. Hace cinco años ellos siguen disfrutando la vida y nosotros extrañando a mi hermana con el dolor de esto que han hecho”, afirmó la hermana.
