La reciente audiencia de control de acusación en la causa que investiga la comercialización de certificados médicos falsos a empleados públicos y privados ha puesto nuevamente en el centro del debate la actuación de la Justicia y la proporcionalidad de las penas solicitadas.
Los fiscales Esteban Roche y Alejandra Quiroga Nassivera pidieron la elevación a juicio y solicitaron una pena de cinco años de prisión para los tres implicados: Paola Valeria Tonelli, José Augusto Toledo (agente estatal) y Graciela Apaza Señani. Sin embargo, surge una duda legítima: ¿es suficiente esta pena ante la magnitud del fraude cometido?
El Gobierno detectó que más de 90 trabajadores estatales presentaron estos certificados falsos para ausentarse del trabajo, lo que implica, al menos, 90 delitos independientes. En términos jurídicos, el Código Penal define esta situación como un “concurso real de delitos”. Para el delito de defraudación a la administración pública, la escala penal va de dos a seis años de prisión por cada hecho. Si aplicamos el criterio de concurso real, la pena podría escalar hasta los 50 años de prisión.
Frente a esto, la pregunta es inevitable: ¿por qué los fiscales pidieron apenas cinco años? ¿Es una pena acorde con la gravedad del daño causado al erario público? Esta decisión genera sospechas sobre la verdadera intención detrás de la solicitud. ¿Se trata de un criterio de proporcionalidad o es un antecedente para establecer penas bajas en futuras causas de corrupción que involucren a exfuncionarios?
La sociedad demanda respuestas claras y contundentes por parte de la Justicia. Cada decisión judicial tiene repercusiones en la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La impunidad o la laxitud en la aplicación de la ley solo contribuyen a reforzar la percepción de que la corrupción y el fraude tienen costos mínimos para quienes los cometen.
Queda en manos del Poder Judicial demostrar que la justicia no es selectiva ni complaciente, sino un verdadero garante de la legalidad y el interés público. Mientras tanto, seguimos esperando respuestas.
Por Dr. Rafael Berruezo.
